Manifiesto por la preservación y gestión de los espacios costeros
En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, se dio a conocer el manifiesto «Por una nueva cultura del territorio«. En el texto, que recibió el apoyo del Colegio de Geógrafos y de la Asociación de Geógrafos Españoles, del Consejo General de los Colegios de Arquitectos y de numerosas personas a título individual, se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Ante esta deriva, el manifiesto propugnaba una mayor sensibilización y movilización ciudadana que llevara a los poderes públicos a impulsar una ordenación del territorio acorde con criterios de sostenibilidad ambiental, respeto a los valores del paisaje, contención en la ocupación de suelo, racionalidad en la provisión de infraestructuras, ahorro en el uso de los recursos naturales y cohesión social.
Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados en 2006 son hoy evidentes. Así, la sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Dicha expansión, después de producir cantidades ingentes de edificaciones y de consumir suelo a razón de 30.000 ha/año, ha dejado un stock muy grande de viviendas vacías, que diversas estimaciones evalúan entre dos y seis millones, un nivel de endeudamiento familiar sin precedentes, y la paradoja de que el acceso a la vivienda resulta ahora aún más difícil para sectores amplísimos de la población. Además, se han generado millones de metros cuadrados de suelo industrial sin ocupar, paisajes urbanos desolados y costosos equipamientos e infraestructuras de muy dudosa utilidad. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas ambientales, urbanísticas, paisajísticas y sociales pesarán durante décadas sobre la sociedad española.
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