Opinión del Colegio de GEÓGRAFOS en Aragón a raíz de la crecida del río Ebro
El río Ebro ha sufrido numerosos cambios en las últimas décadas. Al amparo del desarrollismo, y ante la falta de legislación ambiental, se pusieron en cultivo miles de hectáreas que formaban parte del cauce, se trazaron centenares de kilómetros de motas sin una planificación coherente, se atravesó la llanura de inundación con infraestructuras no permeables a las crecidas, se ubicaron urbanizaciones, granjas y muchos otros elementos en zonas inundables. Todo ello ante una ausencia alarmante de criterios básicos de ordenación del territorio.
Durante el pasado mes de febrero los caudales del río Ebro han presentado varios picos de crecida dentro de un periodo general de caudales elevados en el que todavía se encuentra.
Una vez las aguas han comenzado a descender, los efectos de la avenida se van haciendo más patentes, generando la necesidad de respuestas por parte de las Administraciones. En una primera fase, como no puede ser de otra forma, las medidas se han encaminado a prestar las necesarias ayudas a los afectados y a tratar de restablecer las infraestructuras más afectadas. A esta respuesta ha seguido un ataque directo al marco de protección ambiental con el que durante décadas hemos dotado al cauce y a las riberas del Ebro.
Con la bajada de las aguas, se impone la necesidad de una reflexión serena, alejada de las agendas electorales. Esta reflexión debe abrir el foco de análisis más allá de cauce del río Ebro, huyendo «soluciones» simplistas que carecen de base científica y son radicalmente opuestas a la legislación europea. Es imprescindible una ordenación del territorio que supere los límites administrativos y que vaya más allá de actuaciones puntuales en el cauce, de dudosa eficacia, poniendo el foco en toda la zona inundable del río.
Se debe actuar, tal y como se recoge en el Plan Medioambiental del Ebro (2005), en el sistema de defensas, priorizando las que doten de la mayor seguridad a los núcleos de población y planteando su retranqueo o eliminación en otras zonas, dando así al río de más espacio para desbordarse y disipar su energía. Debe compensarse a los agricultores que cultiven en esas zonas más expuestas, excluyendo de las mismas los usos de carácter ganadero intensivo. Se debe trabajar en zonas de inundación controlada y en posibles cauces de alivio, así como en el correcto diseño de las infraestructuras, de forma que sean permeables a las avenidas. Se deben tener en cuenta los mapas de riesgos e inundabilidad para abordar cualquier tipo de actuación, tanto a nivel urbanístico como a la hora de establecer cultivos adaptados a inundaciones. Además, las Administraciones competentes deben proceder al deslinde de los terrenos que se encuentran dentro del Dominio Público Hidráulico excluyendo, siempre que no se pueda recuperar un uso natural del mismo, aquellos que no sean compatibles con la inundación.
Pese a la presencia de embalses, capaces de eliminar pequeñas crecidas, aspecto negativo para la dinámica del río y la movilidad de sedimentos, el Ebro siempre ha tenido crecidas y, como debe ser, seguirá teniéndolas. Por ello, no hay que buscar evitar el fenómeno, sino adaptarse y convivir con él de la mejor forma posible, tal y como señala la Directiva de Inundaciones (2007/60/CE). En este sentido, la proliferación desordenada de defensas ha incentivado la presencia de numerosas edificaciones alegales que se han consolidado amparadas por la falsa sensación de seguridad de estos sistemas defensivos, que finalmente acaban mostrándose ineficaces ante crecidas de mediana importancia.
En lo referente a la legislación no debe echarse por la borda el trabajo de protección y puesta en valor de un cauce y unas riberas únicas en Europa. El dragado del río, además ineficaz, es inadmisible desde el punto de vista de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), al impedir al río mejorar su estado ecológico, del mismo modo que es contrario a los criterios de gestión que se derivan de la Directiva de Inundaciones. No es de recibo que en sólo unos días, y sin tener en cuenta a los numerosos órganos consultivos de los que nos hemos dotado para la creación y gestión de figuras de protección, se decida suspender parte de un PORN, y se ponga a la población ante la disyuntiva de «o la Población o el Medio». Esta disyuntiva es ficticia y falaz, ya que el deber de las Administraciones es posibilitar la convivencia entre el Medio y sus habitantes, utilizando para ello los propios Planes elaborados, a los que hay que unir una coherente política urbanística, ambiental y de ordenación del territorio. La suspensión de las partes de estas figuras que controlan las actuaciones en el cauce representa un vergonzoso ejemplo de regresión ambiental que en nada va a ayudar a solucionar el problema.
Tras las crecidas ocurridas a principios de siglo en Europa y EEUU, las acciones para dar una solución sostenible a este tipo de problemas, tal y como recoge la Directiva de Inundaciones, se encaminan mucho más a buscar la convivencia entre el río y los pueblos de sus riberas que a intentar someter al sistema fluvial y a su cauce, cuyo espacio ha sido sustancialmente reducido. Han de desarrollarse, en mayor medida, actuaciones no centradas en la construcción de obras de carácter estructural, avanzando hacia soluciones más sostenibles, incidiendo en la reducción del riesgo por exposición.
Actuar tan sólo sobre el cauce, además de generar nuevos riesgos y problemas ambientales, acabará retrasando los problemas pero no dará una solución duradera y sostenible, generando un gasto recurrente totalmente inasumible.
Desde el Colegio de Geógrafos nos ofrecemos para colaborar en esta reflexión serena, con una visión de conjunto, implicando a todos los actores y Administraciones competentes. Este proceso, con base en estudios que no deben caer en saco roto, debe conseguir dar una solución de futuro y sostenible al tramo medio del río Ebro, solución que en modo alguno pasa por apresuradas, desmedidas y regresivas iniciativas en materia medioambiental.
Colegio de Geógrafos en Aragón.
Zaragoza a 13 de marzo de 2015
Artículo publicado en el Diario Heraldo de Aragón