«Abordar el reto demográfico , hacer frente a la despoblación» Manifiesto sobre la despoblación

El reto demográfico y en concreto la despoblación, es uno de los principales desafíos a los que el territorio y la sociedad se enfrenta en la actualidad. Desde la Geografía profesional podemos y debemos dar voz a esta situación aportando nuestra experiencia y conocimiento del espacio. Queremos fomentar que se incluya entre las prioridades de la agenda de las instituciones y que la sociedad sea consciente de esta realidad.

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Resumen ejecutivo del manifiesto

                                                                                                             

manifiesto

ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO, HACER FRENTE A LA DESPOBLACIÓN ¹

1.- EL CONTEXTO EUROPEO: UN PROFUNDO CAMBIO ESTRUCTURAL

Europa afronta importantes “retos demográficos” y territoriales que se concretan en diversos frentes. El Viejo Continente ha ido perdiendo, progresivamente, peso demográfico a escala mundial, su crecimiento se ha ido desacelerando, la fecundidad ha ido descendiendo, el número de jóvenes (y especialmente de población infantil) ha ido disminuyendo, la esperanza de vida ha aumentado y, por lo tanto, el envejecimiento de la población ha ido adquiriendo mayores proporciones. Al mismo tiempo, los flujos migratorios cobran cada vez mayor importancia y con consecuencias, en ocasiones, dramáticas, tanto procedentes de terceros países, como internamente entre el este y el oeste, sur-norte y zonas rurales-zonas urbanas. De igual modo, se han agudizado los contrastes en el modelo territorial configurado, esencialmente de concentración de la inversión, del empleo y la población con expresión urbana y metropolitana, frente a la desertización esencialmente rural, con consecuencias trascendentales: envejecimiento creciente y rechazo de población inmigrante, crecimientos económicos junto a graves desequilibrios territoriales y espacio de referencia mundial con problemas internos de exclusión y cohesión social, son algunas de las dualidades a las que debe hacer frente.

Desde la Unión Europea, hace ya más de veinte años, se viene poniendo el acento en el cambio demográfico que se constata en todos sus Estados miembros, así como en las transformaciones, consecuencias y perspectivas que de él pueden derivarse (Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la situación demográfica en la Unión Europea, 1995 –https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:51997IP0042&from=ES– y el Libro Verde de la Comisión Europea Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones –https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0094&from=ES-; el año 2012 fue declarado “Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”). La misma cohesión territorial, en la que tanto énfasis pone la Unión Europea y que se ve muy directamente afectada como consecuencia de los riesgos y desequilibrios inducidos por estos cambios demográficos, motivó que en noviembre de 2017 el Parlamento Europeo aprobase una Resolución sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0329+0+DOC+PDF+V0//ES). Regiones que, asimismo, a través de su Comité Europeo y también en 2017, emitieron un Dictamen como respuesta, haciendo explícitas muy diversas recomendaciones.

Los cambios de tendencia en la distribución espacial de la población y en los procesos sobre los que se ha sustentado el crecimiento demográfico sitúan a Europa en general y, muy particularmente, a la Unión Europea, ante un verdadero desafío que induce a reflexionar sobre cómo afrontar en los próximos años este “reto demográfico”, convirtiéndolo, como ya formulaba la Comisión Europea en una Comunicación publicada en octubre de 2006, en una oportunidad (Bruselas, 12.10.2006 COM(2006) 571 final; https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:ES:PDF). Obviamente esto no es una tarea sencilla puesto que es amplio y diverso el conjunto de implicaciones y consecuencias de este cambio demográfico, aunque, por ahora, el máximo énfasis descansa en su capacidad para alcanzar de lleno a una cuestión tan sensible como es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitarios y de ayuda social a la dependencia. Son, en suma, el mismo estado del bienestar y el equilibrio de la estructura económica los que se ven plenamente afectados por este reto, al igual que la solidaridad intergeneracional en su conjunto, tanto pública como privada y relacional. Pero ello sin olvidar su especial impacto sobre las condiciones, niveles y calidad de vida de la población de los territorios donde el reto demográfico (sea por desnatalidad, por envejecimiento, por despoblación o por los tres procesos conjuntamente) es mayor; en ellos es muy difícil el acceso a servicios, equipamientos e infraestructuras básicos en similares condiciones a las de los habitantes de otras zonas más densamente pobladas, con consecuencias sobre la calidad de vida y la supervivencia en salud. En definitiva, de ninguna manera cabe olvidar la dimensión territorial del reto.

2.- UN IMPORTANTE DESAFÍO SOCIO-TERRITORIAL Y ECONÓMICO

– El diagnóstico

En España las consecuencias de este cambio demográfico muestran una notable desigualdad territorial, manifestándose especialmente en su espacio rural, cuya situación se ha ido agravando en los últimos tiempos. En algunas zonas esta es la cuestión que mayor impacto ha tenido y tiene sobre la sociedad y sobre el propio espacio geográfico, que paulatinamente va debilitando su dinámica antrópica. En comparación con sus vecinos centro y sureuropeos, el problema de la despoblación es especialmente grave en España, con centenares de municipios en situación al borde del despoblamiento, alrededor de dos millares de núcleos poblacionales vacíos y abandonados, y amplias zonas donde la densidad es menor a tres habitantes por kilómetro cuadrado. Durante decenios, políticas de Estado en materia hidráulica, forestal, industrial o de infraestructuras han supuesto la lenta desarticulación, cuando no la eliminación física, de cientos de comunidades rurales que han visto imposibilitada su existencia. La despoblación no es por lo tanto un fenómeno espontáneo ni contemporáneo en el tiempo, sino complejo y con múltiples causas, como por ejemplo, entre otros factores, el mantenimiento de pautas de comportamiento y percepción social del espacio propias de un país de tardía industrialización, incluida una percepción de la oposición “ciudad-campo” desfasada y perjudicial para las áreas rurales; o el complicado paso del sistema agrario tradicional a una nueva economía agraria deficientemente acomodada en el sistema de mercado. Especialmente preocupante es el panorama en varias comunidades autónomas, como Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y Cantabria (en estas dos últimas, sobre todo en el interior) y de provincias como Soria, Teruel y Cuenca. Con otra dimensión también se manifiesta en Extremadura y en Castilla-La Mancha, al igual que en numerosos municipios de La Rioja y en otros de Navarra.

Los pueblos se han ido vaciando progresivamente, la escasa población que queda en muchos municipios está cada vez más envejecida y en muchos casos, además, la dispersión del poblamiento y la desigual accesibilidad dificultan una adecuada distribución de servicios sociales, sanitarios, educativos, etc. Esta situación no es nueva. Desde los años 60 del pasado siglo XX y desde distintos ámbitos académicos y extraacadémicos se viene llamando la atención sobre los procesos de cambio demográfico que se han manifestado en algunos territorios de forma sustancial (zonas rurales remotas, zonas de montaña aisladas, etc.), como consecuencia del éxodo rural y la intensificación de los flujos migratorios hacia las ciudades, generando un destacado proceso de masculinización, ya que las mujeres han tenido un protagonismo destacado en tales movimientos. Desde entonces, la despoblación ha continuado hasta la actualidad, dada la homogeneidad generacional de muchas de dichas áreas y la extinción de esas poblaciones. La atracción inmigratoria selectiva, durante los años del boom económico, así como las consecuencias demográficas de la crisis, no han hecho más que acrecentarla, pues se mantiene un saldo vegetativo negativo.

Localización espacial de las tipologías de municipios rurales en España (2016)

(Mapa extraído de Recaño, J.: “La sostenibilidad demográfica de la España vacía”, Perspectives Demogràfiques, nº 007, julio 2017, Centre d’Estudis Demográfics, Universitat Autònoma de Barcelona. http://ced.uab.es/es/difusion/butlleti-perspectives-demografiques)

Esta situación, siendo general, depende de las escalas geográficas y, consecuentemente, de la diversidad o casuística particular teniendo en cuenta los distintos grados de “lo rural”, más o menos profundo, y de la propia evolución particular de los territorios, porque ni todos disponen de los mismos recursos, ni su capital territorial o humano es equivalente, ni su ubicación otorga las mismas potencialidades de desarrollo. Los espacios rurales presentan un carácter multifuncional y una marcada heterogeneidad tanto en los planos ecológico, económico y sociocultural, como en relación a las desiguales dinámicas demográficas y económicas en las que se desenvuelven y así cabe hablar, según cuál sea su economía dominante, de espacios periurbanos y de urbanización difusa, de espacios mixtos, de espacios con dominante agraria, de espacios agro-turísticos, de espacios turísticos residenciales, de espacios protegidos, de espacios de utilización temporal.

A partir de 2011 algo más del 80% de los municipios de España pierden población de forma constante. Esta dinámica regresiva se ha reproducido, igualmente, en muchas ciudades del interior. Capitales de provincia con más o menos población, ciudades medias y pequeñas, centros rurales anteriormente suministradores de servicios, cabeceras de comarca, etc., también se han visto plenamente alcanzados por estos procesos; incluso comarcas enteras. A excepción de algunos bordes del litoral y de las principales aglomeraciones urbanas, el problema de la despoblación, uno de los escollos principales al que se enfrenta el reto demográfico, se ha ido extendiendo por todo el territorio de España en diferente grado.

La sociedad, el territorio y el paisaje se ven transformados como resultado del desafío demográfico. La imagen de pueblos deshabitados o prácticamente vacíos, sin población joven y envejecidos, se extiende por parte del territorio español: son los “paisajes de la despoblación” (magistralmente descritos por escritores como Delibes o Llamazares), con bajísimas densidades (muy frecuentemente inferiores a los 12,50 hab./km² que la Unión Europea reconoce como Zonas Escasamente Pobladas), incluso por debajo de 5, en los que se ha producido una verdadera involución ecológica como consecuencia del abandono de las actividades agrarias y los cambios en la gestión del espacio, circunstancias que explican asimismo, por ejemplo, el incremento de incendios forestales. Esto ha conducido a una recolonización por la vegetación, a procesos de degradación y de “re”-desencadenamiento de la erosión del suelo y de las laderas (como sucede en muchas zonas de montaña y en otras áreas equiparables), a la reducción de los caudales circulantes por los ríos y también a una importante pérdida irreversible de patrimonio tanto material como inmaterial. El medio rural es también depositario de un sinnúmero de tradiciones y elementos de patrimonio que forma el núcleo de las distintas culturas e identidades que conforman la Península Ibérica, parte de las cuales está en peligro de desaparición. Incluso algunos elementos declarados como patrimonio de la UNESCO, como iglesias románicas o mudéjares, corren serio peligro de supervivencia. Son los efectos dinámicos del abandono.

Con mayor o menor acierto, el diagnóstico parece que es claro. Como consecuencia, la desestructuración y los desequilibrios del territorio han aumentado, la cohesión territorial ha disminuido y se han desdibujado las capacidades para revertir el proceso en algunos territorios. Cabe reflexionar, en este contexto, que el fenómeno de la despoblación no es la afección vinculada a la dinámica demográfica, es uno de los síntomas del verdadero padecimiento: la crisis funcional del medio rural español, el fortísimo desajuste que, en materia de infraestructuras, infoestructuras, estructura económica e incluso social, existe entre el medio urbano y el rural. Sin una política de cohesión territorial a escala nacional que, de verdad, atienda a los problemas de base, de su tratamiento, difícilmente podrá revertirse la situación. Ciertamente, una porción significativa del territorio rural español ha experimentado cambios que lo han llevado a un estadio de crisis, inicialmente coyuntural y, en la actualidad, sistémica. En este contexto, buena parte del problema deriva de que la crisis está llevando al territorio hacia un nuevo estado que, aunque acertamos a intuirlo, precisa de una acción planificadora decidida. El tiempo de actuar ha llegado.

– Las respuestas políticas y de la sociedad

En los últimos años han proliferado, desde diferentes ámbitos, llamadas y testimonios que han contribuido a focalizar la atención sobre esta situación y las implicaciones que de ella se derivan. No es un problema nuevo, pero la despoblación ha ido avanzando sin interrupción, alcanzando un impacto negativo tan fuerte que se ha llegado a niveles de mínimos, por eso es ahora cuando parece recobrar fuerza la preocupación y la reflexión sobre este particular. Distintos colectivos de nuestra sociedad (escritores y escritoras, grupos políticos, responsables de la gestión del territorio, agentes sociales, representantes del ámbito educativo y científico, etc.) se han pronunciado, de muy distinto modo, sobre la urgencia de abordar de forma decidida una solución ante este balance, reclamando la puesta en marcha de acciones y estrategias en esta línea.

Desde la política se han producido algunas manifestaciones, encuentros, acuerdos y actuaciones de muy diferente naturaleza que buscan solucionar o, cuando menos, reducir el impacto negativo que todo ello ha ido ocasionando:

• La creación de un órgano institucional a escala nacional como el Comisionado para el Reto Demográfico (enero de 2017) es, quizá, una de las actuaciones más significativas y específicas, pero carente aún de resultados. Sin embargo, y vinculado a éste, ha sido presentado recientemente el Foro Nacional de Despoblación, que ha anunciado ya primeras medidas como poner el acento en el fomento del relevo generacional, reforzar el papel de las mujeres rurales e impulsar la innovación y la digitalización.

• Las funciones desempeñadas, en este sentido, por los distintos grupos y agentes de desarrollo local en España se resuelven como decisivas, tanto por lo que han hecho hasta el momento como por el horizonte que se les abre. La creatividad, el voluntarismo y las propuestas imaginativas incluidas y ejecutadas en el marco de distintos Programas o Planes de Desarrollo Regional y Rural han intentado hacer frente a los desafíos demográficos.

• Se han promovido y puesto en marcha diferentes iniciativas de la misma sociedad, de la ciudadanía (del mundo rural y de otros ámbitos y en distintos contextos), a partir del asociacionismo con ejemplos como Asociación contra la despoblación rural de España; Proyecto “Arraigo”; Proyecto “Ágora”; Proyecto y Fundación “Abraza la Tierra”; Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (red SSPA, Southern Sparsely Populated Areas); se han elaborado propuestas e informes surgidos en este ámbito colectivo y de fundaciones y asociaciones; movilizaciones de opinión en distintos medios de comunicación.

• Se han diseñado y creado estructuras y organismos orientados a hacer frente a esta situación, como el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD)(octubre de 2013); el Pacto sobre el Cambio Demográfico (lanzado en el Comité de las Regiones de Europa en diciembre de 2015); el Consejo de Políticas Demográficas de la Junta de Castilla y León (abril de 2016); el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica (julio de 2016); la Comisión Especial del Senado sobre la Evolución Demográfica en España (noviembre de 2016); el Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento creado en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (noviembre de 2016); o el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (abril de 2018).

• Se han elaborado Planes, Programas y Estrategias como el Informe Galicia. Perspectivas demográficas (julio de 2018), la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 (versión revisada de agosto de 2017), la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación del Gobierno de Aragón (octubre de 2017) o el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 (octubre de 2017).

3.- AFRONTAR EL FUTURO: LAS ACCIONES POSIBLES

Ante todo este panorama, urge asumir los retos derivados del cambio demográfico como una prioridad por parte de la ciudadanía, de los gestores y de los políticos. Durante décadas se ha ido manifestando de manera cada vez más evidente el paulatino decrecimiento, vaciamiento, envejecimiento y atonía de una parte del territorio en España, sin que se hayan atajado con decisión estas tendencias y dinámicas, sin que se haya hecho frente de forma contundente a este panorama desde todos los niveles e instancias institucionales implicados. España ha recibido una considerable cantidad de recursos y ayudas procedentes de fondos estructurales europeos orientados al desarrollo regional y el equilibrio de los territorios, buena parte de los cuales deberían haber ayudado a revertir o, cuando menos, aminorar sensiblemente estos desequilibrios. La preocupante situación social, demográfica y económica de muchas áreas rurales es el mejor testimonio de que al menos una parte de las políticas rurales desplegadas en las últimas décadas, enfocadas más a dar respuestas a los problemas agrarios que a nuevos retos de los espacios rurales, ha fracasado, lo cual debería hacer reflexionar a los gestores políticos y a las administraciones locales.

Se puede y se debe intervenir, pensando ya en las nuevas orientaciones y directrices para un nuevo periodo de programación de la política de cohesión, reforzando las relaciones entre los fondos que actualmente sustentan esta política y las propuestas y actuaciones vinculadas al reto demográfico. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa), en sus artículos 174 y 175, se hace eco de la necesidad de facilitar un desarrollo armonioso de todos los territorios, mencionando explícitamente a las regiones sujetas a desventajas demográficas “graves y permanentes”. Es necesario corregir estrangulamientos y potenciar las oportunidades que una gran parte de los espacios demográficamente menos dinámicos ofrecen para otras orientaciones y fines, para nuevas demandas generadas desde otras zonas (nuevas formas de alimentación propias de sociedades avanzadas -agriculturas ecológicas y naturales; bioeconomía y otros agroservicios; producciones de calidad seguras y diferenciadas, etc.-; ocio y descanso, cultura y aislamiento; industrias complementarias de ejes industriales próximos; relación con el cambio energético), para nuevos usos sostenibles del territorio, para la propia inversión privada, incluso para nuevos nichos de mercado para algunos colectivos, como es el caso del cuidado y el servicio a las personas. Hay razones que justifican el compromiso político y la actuación específica en territorios despoblados para hacer que pasen de ser “territorios problema” a “territorios recurso”. Son territorios que presentan dificultades, sí, pero destacan tanto o más sus oportunidades.

Es asimismo prioritario no solo hacer frente al grave problema de la despoblación, pues aún hoy se siguen vaciando muchas áreas del interior de España, sino que tanto o más urgente es proporcionar las condiciones adecuadas de accesibilidad a los servicios básicos para la población que vive en ellas, priorizando la calidad, pues la educación, la sanidad o los servicios sociales son derechos inalienables independientemente de dónde se viva: por ejemplo, manteniendo las aulas rurales y haciendo que sea el profesorado el itinerante y no el alumnado; por ejemplo, haciendo que se aplique la Ley de la Dependencia como derecho de las personas que lo necesitan -asociada en su mayoría a la edad-, especialmente a las mujeres, por ser las que más años viven y porque suelen ser de modo mayoritario las que históricamente han desempeñado la función de cuidar de los ancianos, dignificándose y visibilizándose así esa tarea, además de aportar rentas para el núcleo familiar. También es prioritario acabar con la brecha digital que todavía afecta a muchas zonas rurales. En este sentido, el análisis geográfico posee un importante potencial para proceder a una reordenación territorial en aquellas zonas que, por problemas de poblamiento y dispersión poblacional, presenten especiales dificultades para prestar a la población esos servicios básicos.

No se pueden abandonar estos espacios y sus muchos o pocos habitantes al destino que las tendencias regresivas vienen apuntando. Es un deber de honestidad, ética y justicia social y territorial y es una obligación colectiva que debe de asumirse de modo inexcusable. Se ha de intervenir con energía y con capacidad suficiente (existen ejemplos extraordinariamente ilustrativos de cómo una gestión eficiente de los recursos -inteligente, despolitizada, basada en el consenso, participativa, etc.- puede conseguir resultados tan esperanzadores como los cosechados en las Tierras Altas e Islas de Escocia, lo que se puede comprobar en el documento “Combatir con éxito la despoblación mediante un modelo de desarrollo territorial. La experiencia de Highlands and Islands enterprise“, http://sspa-network.eu/documentacion/). Sin el esfuerzo de las sociedades rurales, nada de lo que hagan las administraciones será eficaz. La adecuada formación y capacitación de la población joven de estas zonas revertirá con su retorno y con la aplicación de lo aprendido, indudablemente, en el futuro de las mismas.

Han de aplicarse decididamente las medidas formuladas en muchos de los planes y estrategias ya diseñados que quieren hacer frente al reto demográfico, así como en marcos legales que diseñaron en su momento una política dirigida a las zonas rurales (como la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural), pero debe hacerse con financiación destacada y real (reclamando más presupuesto para inversiones “estructurales” en infraestructuras e infoestructuras), de forma coordinada entre agentes y administraciones implicados, con soluciones y actuaciones integradas que alcancen a distintos ámbitos del empleo, de la vida laboral, de la economía y de la fiscalidad, con el compromiso de que el presupuesto destinado a desarrollo rural llegue, efectivamente, al medio rural, así como con la adopción de medidas legislativas que fomenten la discriminación positiva del mismo, etc. En relación a las respuestas al fenómeno de la despoblación rural se hace necesario fomentar la conciencia y participación de los agentes sociales, en colaboración con el Estado, en la definición del modelo territorial y de la ordenación y gestión del territorio para lo cual las cuatro esferas del desarrollo territorial -la esfera académico-científica, la esfera técnica, la esfera política y la esfera de los agente sociales y económicos- deben alinearse en función de un objetivo común. Los espacios rurales deben seguir avanzando en gobernanza territorial y en planificación estratégica, pensando siempre globalmente y actuando localmente.

Socialmente tenemos un reto decisivo, pues de su adecuado encauzamiento dependerá en buena medida el porvenir de muchas personas, sus condiciones de vida, el futuro aún abordable de muchos pueblos y la conservación y el buen uso de los recursos, en definitiva el desarrollo y el equilibrio de los territorios. Por todo ello, en coherencia con la “Nueva Cultura del Territorio” que debe presidir estos planteamientos, el reto demográfico en sus distintas vertientes y manifestaciones (la despoblación, el sobreenvejecimiento, los flujos migratorios, etc.) debe incluirse en las prioridades de la agenda de todas las instituciones y niveles de gobernanza, implicando a los distintos agentes sociales (públicos y privados) y a la propia ciudadanía. Además, la planificación ha de ser integral antes que sectorial, pues medidas aparentemente beneficiosas solo alcanzan su validez si pueden asumirse como positivas desde todos los puntos de vista y para los diferentes intereses e inquietudes convergentes.

El problema de la despoblación es un problema de Estado, por supuesto de todas las administraciones, pero también del conjunto de la ciudadanía, y abordarlo debe ser una política transversal, aunque adecuada a la heterogeneidad de los problemas y de los territorios. No es una cuestión que afecte única y exclusivamente a quienes viven en territorios despoblados, sino que es un problema gravísimo para el conjunto de la sociedad. Es imprescindible que las sociedades urbanas hagan suya la situación del medio rural y entiendan que las consecuencias derivadas del olvido al que está sometido un porcentaje tan alto del territorio redunda negativamente en su día a día (pérdida de cultura y tradiciones, impacto ecológico y paisajístico, pérdida de oportunidades económicas, pérdida irreversible de valores patrimoniales, etc.). Es necesario romper la dicotomía, casi siempre artificial, entre lo rural y lo urbano. Ha de apostarse por poner en positivo el papel que desempeña el medio rural como complemento imprescindible al medio urbano.

Somos conscientes de que el territorio es un sistema complejo, por ello mismo dinámico y en el que sus componentes no se relacionan de forma lineal, lo que constituye un desafío a la hora de planificar su futuro. Los retos derivados del cambio demográfico son complejos e incluyen dimensiones no solo demográficas, sino territoriales, económicas, sociales, institucionales, políticas…, en consecuencia no corresponden solo soluciones parciales o sectoriales. Creemos firmemente que cualquier acción deberá tener en cuenta la respuesta del conjunto y no únicamente su capacidad de arrastre particular; solo así será posible intervenir desde la equidad y teniendo presente esa complementariedad entre territorios que maximiza su cohesión. La concertación entre agentes públicos y privados a este respecto ya parece que existe, secundada además por la preocupación social. La puesta en marcha de soluciones globales, no sectoriales y la toma de conciencia de esta situación son los primeros pasos para poder revertir la situación, teniendo en cuenta, como se ha señalado, los resultados de experiencias europeas que pueden servir de referencia y nos hacen pensar que un horizonte mejor es posible.

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2018

ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES                             COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE ESPAÑA